La Procuraduría General de la Nación realizó una visita de inspección a los albergues destinados para la atención de los damnificados por cuenta de las inundaciones en Córdoba.

El ente de control revisó el estado de estos espacios y la atención brindada a los afectados.

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Recorrió los municipios de Canalete, Tierralta, Puerto Libertador, Valencia, Cereté, Lorica y San Pelayo.

Esta diligencia, enmarcada en sus funciones de vigilancia preventiva, protección de los derechos de la infancia, mujer y la gobernanza territorial, se realizó en compañía de los ministerios de Vivienda, Igualdad, Agricultura y Educación, así como entidades como el ICBF.

En el municipio de Canalete, de acuerdo con la Procuraduría, se visitaron varios albergues en donde se cuentan -según los censos- más de 14 mil damnificados, 273 viviendas totalmente destruidas, más de 1.400 casas averiadas y otras 700 no habitables.

"El caso de Canalete es diferente a los demás municipios afectados en Córdoba, porque hubo una avalancha que arrasó los barrios Berlín y Villa Olímpica, y dejó incomunicado el corregimiento de Popayán", explicó la delegada María Fernanda Rangel Esparza durante el recorrido realizado. 

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La comisión de la Procuraduría visitó también los municipios de Tierralta, Puerto Libertador, Valencia, Cereté, Lorica y San Pelayo, con acompañamiento de los procuradores regionales y provinciales de Córdoba y Sucre.

Además, en Montería, según cifras reportadas por las autoridades municipales, la emergencia invernal dejó 14.752 familias afectadas, cifra equivalente a 43.511 personas damnificadas, y 39.000 hectáreas productivas totalmente destruidas.

“El Ministerio Público busca garantizar que los refugios cumplan con las condiciones necesarias para la protección integral de la población en especial de la Infancia, verificando aspectos de infraestructura, atención psicosocial, acceso a servicios básicos y acompañamiento institucional”, apuntó la PGN.